Los arquitectos tienen generalmente una relación de amor-odio con las leyes y normas urbanísticas. Según el caso y/o el lado del proyecto en que estén, se quejan de la ausencia de ellas cuando hay que preservar valores de la ciudad o, por el contrario, aducen una sobrelimitación normativa y legal para desarrollar proyectos unitarios. Como sea, la existencia o ausencia de planos reguladores, ordenanzas y trabas burocráticas ha servido en nuestro país para justificar en gran parte el supuesto caos urbano imperante.
La ciudad que se aspira construir con un mejor marco legal, no es otra que una ciudad más justa o una que haga justicia a sus habitantes y respectivos valores patrimoniales en un amplio sentido. La justicia es el valor fundacional de la ciudad. Hace miles de años, la humanidad comenzó a organizarse en aldeas para protegerse de la arbitrariedad, la violencia y las condiciones adversas del medio ambiente. La ciudad tiene por vocación la justicia, siendo la cuna de la ley escrita. Palabras como “ciudadano” o conceptos como “derecho civil” delatan la estrecha relación que existe entre ciudad, leyes y justicia.
A pesar de ello, resulta más fácil asociar la arquitectura a un valor estético como la belleza, que a un valor ético como la justicia. Sin embargo, ¿es posible hacer una arquitectura bella que no sea justa? O al revés, ¿es posible hacer una arquitectura justa que no sea bella? Esta disyuntiva, por ejemplo, es la que legitima la existencia de una institución como los concursos de arquitectura, los que se rigen por estrictos códigos de ética para garantizar la imparcialidad del jurado. En este sentido, el debilitamiento de esta práctica profesional en nuestro país es una señal de alarma que compete aspectos esenciales de nuestra convivencia, traspasando el ámbito de lo profesional y/o comercial.
Al tratar un valor cardinal como el de la justicia, lo que está en el trasfondo es nuestra idiosincrasia: ¿qué se entiende en Chile por justicia y hasta qué punto estamos dispuestos a jugarnos por ese valor? La tradición jurídica de nuestro país proviene del Derecho Romano. A diferencia del Derecho Sajón, que es de tradición oral, el romano es escrito. En los países de cultura latina, lo único que vale es lo que está escrito, independiente de si conduce a la justicia o no. Esto tiene consecuencias directas en la manera en que enfrentamos problemas cuya solución pasa por un acto creativo. La ley escrita sólo contempla los casos conocidos o imaginados por quienes la redactan. La experiencia nos demuestra, sin embargo, que la realidad siempre supera a nuestra imaginación. Por ello, la ley escrita es percibida como una limitante en la arquitectura.
Como contrapartida a lo anterior, las leyes también son abrazadas por los arquitectos como salvavidas cuando se ahogan en el mar de las posibilidades. Emblemático fue el caso de la arquitectura de rasantes, que hizo furor hace un par de años y que hoy todos critican. Si la rasante estaba generando aberraciones arquitectónicas, ¿por qué no se puso la alarma a tiempo? La respuesta es, talvez, la búsqueda de un estilo en un momento en que la arquitectura nacional estaba huérfana de patrones formales, evitando cuestionarse los problemas en su esencia. Si no se entiende esto, las leyes, las ordenanzas o las bases de un concurso pueden ser utilizadas como un medio para evadir el verdadero desafío que impone la ética de un encargo de arquitectura: repensar el mundo libre de prejuicios.
La normativa urbana es considerada generalmente como una ley menor dentro del ordenamiento jurídico de la nación. Por ejemplo, la palabra “ciudad” no figura en la Constitución Política, que es donde se establecen los derechos “ciudadanos”. Esto es reflejo de una cultura que privilegia lo abstracto de la metafísica legal por sobre lo concreto de la ciudad real.

LA CIUDAD QUE QUEREMOS Y MERECEMOS
Para debatir este tema, revista CA invitó a cinco arquitectos relacionados de diversa manera con este tema: Carlos Cepeda, revisor independiente; María Inés Arribas, representante de los grupos urbanos que han resistido a las decisiones de planificación; Alberto Gurovich, docente y especializado en trabajo de planos reguladores; Patricio Schmidt, vicepresidente de Asuntos Externos del Colegio de Arquitectos; y Paulina Ahumada, una de las pocas asesoras urbanas que funcionan en nuestro país y que actualmente se desempeña en la comuna de Recoleta.
CA: ¿Es posible concebir la planificación territorial y arquitectónica al margen de “lo justo”?
Carlos Cepeda asegura que es imposible desvincular la planificación de la calidad de vida. “Hay que pensar en la planificación como algo que tiende hacia lo justo. Pero, ¿qué entendemos por justo? La planificación y la legalidad pueden no ser necesariamente justas. Lo justo no puede ser algo relativo. La planificación debe ser justa de por sí y no pasar por sobre los intereses ciudadanos”.
Ante la afirmación de Cepeda, María Inés Arribas se apresura en definir lo justo. “Lo justo sería una mínima calidad de vida sustentable en el tiempo. Sin considerar esto, no sirve, pues la calidad nos toca a todos”.
Alberto Gurovich, en tanto, cree que la justicia ha tomado un rumbo equivocado en el diario vivir. “Hoy la justicia está marcada por el tema de la desigualdad. Recuerdo una anécdota en particular: en una salida a terreno con los estudiantes, recorrimos la periferia de sur a norte por la autopista. En esa ocasión, ocurrieron dos accidentes casi al mismo tiempo: uno al sur y otro al norte, lo cual significó varias horas de taco y espera en la carretera, a tal punto que un enfermo grave que iba en ambulancia no pudo circular. Esta es una incongruencia de un proyecto que no tiene ninguna solución. ¡Había gente desesperada! El efecto lateral en las vías de acceso era terrible. Ante este tipo de situaciones, hay que volver un poco atrás y preguntarse ¿cómo tomamos decisiones? Simplemente, hay variables que no se solucionan en los proyectos. Mala planificación que no se anticipa a los hechos.
“La normativa es insuficiente para hacer la ciudad”, agrega Arribas.
“¿Cuál es la probabilidad de prever los problemas de una ciudad?”, se cuestiona Cepeda.
Patricio Schmidt no concibe los errores en la planificación. “La idea es que pueda adelantarse a los problemas, buscar lo justo. Emplazar la vivienda de recursos mínimos en lugares marginales, donde hay gente que necesita salir al espacio público, pero no encuentra dónde, es uno de esos típicos errores. La planificación debe perseguir, prioritariamente, el bienestar.
Para Paulina Ahumada, “la proyección no es inmutable a lo que está cambiando alrededor. Si esto se tiene en cuenta, las cosas deberían funcionar”.
CA: ¿De qué manera hace justicia la aplicación de las leyes que tocan al ordenamiento territorial y a la arquitectura?
Carlos Cepeda responde: “primero, debemos tener una definición de cómo queremos este país y cómo queremos vivir en él. Me refiero a una planificación del país como territorio y no pensar solamente en la cuidad de manera aislada. Pero no es lo ideal que este tipo de labores siempre recaiga por completo en el Ministerio de Vivienda. Al final, todo aporte que uno pueda hacer como profesional o ciudadano, queda en nada, pues el asunto depende por completo del ministerio. Ante eso, debemos aprender a plantearnos de forma vertical.
¿Por qué el Estado no se da cuenta que no puede resolver los problemas poniendo soluciones parche?”.
“El Colegio de Arquitectos de Chile quiere aportar”, afirma Schmidt. “¿Cómo en Chile le hemos delegado todo a una parte del Poder Ejecutivo, que es quien entrega todas sus ponencias al Legislativo, sesgado por partidos y, dependiendo de eso, nuestras leyes se ven o no acogidas? ¡Esto es muy dañino! Chile es un país aspiracional, entonces que aspire a ser feliz. Parte de la justicia social es nuestra planificación urbana. Los profesionales debemos tocar una campana y llamar la atención para modificar esta manera de operar que no nos favorece”, sostiene.
Para Gurovich, el problema está en la arrogancia profesional. “No puede haber gente que cambie la vida de las personas, sin mucha responsabilidad respecto del tema. Siempre son momentos de crisis los que han destacado formas de acción. Hoy estamos frente a una crisis: hay una desintegración social creada por una desintegración espacial. A los pobres los empujan cada vez más hacia la orilla. En este momento nadie cree en los proyectos. Así como tratamos de borrar la historia, tratamos de borrar el futuro. A veces importa más la norma que el proyecto en sí”.
“Los problemas de educación en Chile, tienen mucho que ver con el medio donde crece la deformación social. El Colegio de Arquitectos tiene que ser el paraguas bajo el cual se acojan los planes y sugerencias. Debemos tener un orden de prioridades. Hay que combatir esa crisis comunicacional que convierte a la televisión en el espacio público que no tenemos”, agrega Schmidt.
Ahumada es categórica al respecto, cuando asevera que “la planificación estratégica es algo que debe hacerse en términos muy locales. Ver qué grupo social informa los modelos que se imponen. Lo público disminuyó cada vez más su ingerencia y derivó tanto en el poder privado, que ya no hay vuelta atrás. Los ciudadanos sólo se pueden quejar, pero su alcance es muy limitado”.
Patricio Schmidt apoya la postura de Ahumada, diciendo que las políticas no pueden convertir la profesión en una cuna de cortoplacistas. “Con una cúpula pública y privada, todo irá más allá de esta, lo cual nos hará avanzar. Debemos creer en lo que hemos hecho para proyectarnos a futuro de manera esperanzadora”.

QUIÉN HACE JUSTICIA

Muchas veces los vecinos y los mismos arquitectos se habrán enfrentado a los problemas solos, sin tener del todo claro quién es la o las personas indicadas para hacer justicia para la comunidad y la misma ciudad.
CA: ¿Qué autoridad de nuestro ordenamiento jurídico está investida para hacer justicia en materias urbanas? ¿Cómo es la cadena de apelaciones en este contexto?
“Como arquitectos, no podemos tratar de ser juez ni abogado: en este juego requerimos a todos los que estén presentes: vecinos, inversionistas. Todos. Desde 2001 hay una ley que obliga a que haya colaboración desde las primeras etapas, desde el mismo diagnóstico”, responde Paulina Ahumada.
“Sí, la comunidad necesita estar organizada, sino no cambia nada y todo se convierte en formulismos”, agrega Cepeda.
Para Alberto Gurovich, la comunidad es parte fundamental del proyecto. “Son quienes viven, pasean y votan. Sin embargo, muchas veces la comunidad pasa a segundo plano por desconocimiento de la ley. Por ejemplo, cuando no se hacen modificaciones porque la ley no lo permite, cuando en realidad, lo que debe primar por sobre todo es la comunidad, tal como lo dice la Constitución Política”, indica.
“Hay una erosión en el rol del arquitecto” -continúa- “un aumento de sus debilidades profesionales, porque no quiere problemas con nadie. Personalmente, siento que el arquitecto se ha convertido en un flojo: no hace lo que debe y su actuar profesional no cumple con lo esperado”.
Cepeda complementa: “será porque muchas veces la efectividad de una idea o un proyecto depende de la persona que lo ejerce. Cuando hay una discusión sobre una interpretación de norma o alguna otra materia que afecte un proyecto, es la Seremi o la DDU quien se pronuncia y resuelve. Los arquitectos no tenemos opción de apelar ante estas interpretaciones. No podemos reclamar ante la Contraloría, porque no somos los directamente afectados. ¿Quién dijo que no? Por eso, la organización ciudadana es una piedra angular para hacer justicia en materias urbanas”.
Ante esta afirmación, María Inés Arribas plantea un problema real y muy común. “Una vez que el peligro pasa, la comunidad se desmoviliza. Recuerdo el caso de los secuestrados. En esa época, la gente de un barrio en particular estaba más organizada y entrenada que la misma Policía de Investigaciones y Carabineros. Otro caso emblemático fue cuando se habló de la construcción de la Costanera Norte y los vecinos se reunieron en el Colegio Alemán, ahí comenzó una iniciativa de movilización ciudadana que logró frenar el trazado original que pasaba ‘por encima’ del barrio, fue una gestión exitosa pero constante y tremendamente desgastadora”.
“El problema está cuando mueren las iniciativas”, agrega Gurovich. “A veces, se necesita que una sola persona de peso diga ‘esto no va más’, para que la iniciativa muera ahí. Esto es muy nocivo para la comunidad, que va perdiendo fe en la participación”.
Paulina Ahumada ilustra muy bien esta situación. “En el barrio Yungay, había financiamiento de la Fundación Ford para realizar grandes y beneficiosos cambios al lugar. Todos tenían la sensación de que cuando hay dinero suficiente, el plan no tendría por qué fracasar. Pero cuando la municipalidad no está de acuerdo, el proyecto muere ahí”.
CA: Ante este tipo de situaciones, ¿es correcto que el arquitecto actúe como abogado de la comunidad?
Cepeda responde desde su posición de revisor independiente. “Muchas veces terminamos convertidos en ‘abotectos’, mezcla de abogados y arquitectos. Incluso, los mismos abogados recurren a nosotros para aclarar dudas acerca de la normativa relativa a planificación de la ciudad. Ni ellos mismos tienen certeza de lo que dicen las leyes. Pero nosotros no somos abogados, porque no defendemos a nuestros clientes en forma incondicional. Incluso, podemos objetar un proyecto, por no cumplir normas y negar el informe favorable de revisión”.
El urbanismo debe ser una tarea interdisciplinaria, en que todas las profesiones y actores involucrados aporten el conocimiento necesario para hacer de la planificación una base consensuada de acción.
CA: ¿Cómo se puede mejorar la actual manera de crear y planificar nuestras ciudades?
Paulina Ahumada: “En nuestra normativa debería haber un punto que tocara el aspecto de la belleza y el paisaje. En Chile, contaminación y la desigualdad son problemas claves y ambos tienen mucho que ver con estos aspectos. Nuestros planes como arquitectos no plantean a la vivienda social como una instancia a la cual destinarle terreno, pero sí le da valor al terreno. Ese es un punto clave”.
Cepeda: “Hay que hacer que la descentralización se produzca por conveniencia, no por decreto. Además, el Colegio de Arquitectos debería crear una instancia de análisis y apelación, si correspondiera, respecto de ciertas interpretaciones cuestionables de las normas, que la Seremi muchas veces resuelve según le parece. La idea de desarrollar un código urbanístico también me parece tentadora”.
Alberto Gurovich: “Las planificaciones se han confundido con un conjunto de normas, eso no puede suceder, menos aún cuando ninguno de los presidenciables tiene claro el tema territorial de nuestro país. Debemos recatar también aquellas normas ambientales que favorezcan el sentido arquitectónico y la estética de los trabajos”.
María Inés Arribas concluye con un tema primario y fundamental. “Necesitamos educación para la ciudad: desde los alcaldes y concejales hacia abajo. Se necesitan columnas en las cuales arquitectos y ciudadanos puedan apoyarse al momento de hacer nuestra propia ciudad”.

Entonces, concluimos este debate con algunas propuestas generales por parte de los participantes, que involucran al Colegio de Arquitectos como ente gestor y responsable para llevar a cabo acciones:

• Elaboración de un código urbanístico, donde se tomen todos los cuerpos legales, y primen la ética y la calidad de la arquitectura.
• Recobrar el espíritu y la naturaleza del Plan Regulador -ahora es un conjunto de normas- cuyo fin es un diseño urbano, y cuyo medio es la planificación y regulación en función de un proyecto urbano.
• Rescatar normas para el diseño ambiental. Que sean patrimonio la belleza y el paisaje.
• Toda elaboración de cuerpos legales y decisiones de planificación, debe tener una visión interdisciplinaria y colectiva. Entender la importancia vital de la participación colectiva de todos los cuerpos y actores.
• Colaborar en una visión de país, donde se planifique todo nuestro territorio, potenciando el carácter de cada zona y entendiendo las ciudades como parte integrante de este “todo”.
• Colaborar con un programa de “Educación para la Ciudad”, donde se dote de un mínimo perfil de cultura ciudadana para quienes toman decisiones locales: alcaldes, concejales, etc.
• No olvidar que la cuidad es un bien común, un bien de uso público, por lo que debe tener prioridad lo común por sobre lo privado y no al revés. Hoy lo público deja de ser público muy fácilmente.

ANDRÉS WEIL, PAULINA VILLALOBOS Y MAR�A VICTORIA ZÚÑIGA / EQUIPO CA
FOTOS / CAROLINA ROSAS