
Toda construcción arquitectónica implica modificar, al menos en algo, el orden natural de las cosas: cortar árboles, despejar un terreno, remover piedras, cocer tierra, imponer una geometría. Por lo tanto, cuestionarse la justicia de esa intervención es un asunto inherente a la arquitectura, la que finalmente es un juicio colectivo respecto de lo que una cultura considera justo.
En nuestro país, las leyes y ordenanzas de urbanismo y construcción están concebidas para ejercer justicia entre propietarios de inmuebles, para salvaguardar los derechos de propiedad. En este contexto, el espacio público, que es de todos, queda huérfano de justicia. Nuestra legislación lo contempla como un espacio al servicio de la propiedad privada, cuya función es garantizar el paso de redes de infraestructura. El uso de este espacio para el esparcimiento, actividades simbólicas o simplemente el encuentro, carece de importancia. Paradójicamente, el Estado tiene amplias facultades para expropiar con la justificación de infraestructura, no así para preservar un monumento histórico o construir una plaza destinada al encuentro ciudadano. En este sentido, el Barrio Cívico es un caso emblemático: el gobierno de aquel entonces, encabezado por Arturo Alessandri, tuvo que escudarse en la ley de ferrocarriles para materializar el más ambicioso proyecto de renovación urbana construido en Santiago.
El Padre Hurtado decía que “La caridad termina donde comienza la justicia”. La vivienda social parece ser la culminación de esa frase, pudiendo entenderse como un acto de caridad o uno de justicia. Debido a esta última acepción, es que los planes de vivienda social en Chile están dirigidos exclusivamente a transformar a los beneficiarios en propietarios. Al parecer, recién bajo esa condición se adquiriere la igualdad ante la ley.
Si nos abstraemos de la cultura occidental, resulta más difícil explicar la justicia de la arquitectura, que se concibe a sí misma como algo distinto de la naturaleza. Durante siglos, la trató como un objeto que estaba a su servicio donde la justicia consistía en dominarla. Hoy, conscientes de su sobreexplotación, la seguimos concibiendo como un objeto, el que ahora debemos proteger en aras de nuestra propia supervivencia. Sin embargo, la relación que tienen las culturas panteístas con el medio ambiente es muy distinta. Los mapuches se sienten parte de la Tierra que consideran sagrada, tal como un cristiano concibe un templo y el cuerpo humano. Desde esta perspectiva, la arquitectura puede transformarse en un acto de profanación.
Una gran injusticia cometemos al ignorar el orden territorial que desarrolló la cultura mapuche, un pueblo que no se dedicó a construir obras que resistieran al tiempo con tal de congeniarse con alguna divinidad o cultivar el ego de los poderosos. La sociedad mapuche no conocía la corrupción de las religiones, pero sí la mística de la espiritualidad. Su sofisticación cultural les permitió habitar un territorio relativamente pequeño con un gran número de población. De acuerdo a estimaciones del antropólogo José Bengoa (CA 119), a la llegada de los españoles vivía un millón de personas en la Araucanía (entre el Bío Bío y la Isla Grande de Chiloé). A diferencia de los mayas, que agotaron sus tierras y sucumbieron a consecuencia de los desequilibrios medioambientales que no supieron manejar, los mapuches fueron capaces de alimentar un gran número de población sin destruir el equilibrio natural. La ausencia de arquitectura en este caso se puede entender como una estrategia de civilización, la misma que con posterioridad les permitió a los mapuches organizar la resistencia más exitosa del continente frente a la conquista española.
Es comprensible, entonces, que la arquitectura y el desarrollo urbano generen más escepticismo que entusiasmo en nuestro país. Los arquitectos nos refugiamos en un referente académico estructurado en los valores y la cosmovisión occidental. En consecuencia, es muy probable que nuestras expectativas respecto a la arquitectura y a las ciudades se vean frustradas, ya que ellas expresan la noción de justicia de una cultura mestiza y segregada como la nuestra, y no la de una sociedad europea o norteamericana, de donde provienen muchas de nuestras inspiraciones profesionales. Difícilmente podremos aspirar a la justicia para la arquitectura, si antes no debatimos lo que es justo en nuestro país.