Según José Ramón Ugarte; durante los últimos meses, las viviendas sociales ubicadas en la comuna de Peñalolén y bautizadas como casas “Chubi” han estado en el ojo del huracán. No sólo llamaron la atención por su diseño amigable y llamativos colores, sino también porque tras las primeras lluvias fueron víctimas de una vieja historia, sufriendo filtraciones, anegamientos y problemas de terminaciones. Lo que pocos saben es que las publicitadas fallas opacaron un proceso valioso e innovador, que involucró desde la gestión para la adqui- sición de terrenos cercanos al campamento de origen, hasta un buen proyecto de conjunto, acotado y en una escala que permite la formación de nuevas comunidades.

Es un caso que conoce de cerca el ex presidente del Colegio de Arquitectos, José Ramón Ugarte, quien trabaja apoyando al Ministerio de Vivienda para concretar el futuro de la vivienda social, teniendo el ambicioso desafío de terminar con los campamentos para el Bicentenario. Eso significa construir 223 mil viviendas para el 2010, con presupuesto limitado y los precios de los terrenos en alza.

Ugarte sostiene que “desde el origen en el proyecto de las llamadas casas ‘Chubi’ se dio una situación distinta. Porque se trataba de resolver una toma y también debido a que tanto el MINVU como la Municipalidad de Peñalolén tuvieron como objetivo que las necesidades de vivienda fueran cubiertas dentro de la misma comuna, una meta siempre difícil de lograr”.

¿De qué manera se llevó a cabo?

Fue a través de un mecanismo que no se había usado antes, donde se realizó una eficiente labor de búsqueda de los terrenos y se consiguieron aportes de las inmobiliarias presentes en la comuna, juntando los fondos necesarios para adquirir seis paños de terre- no, cinco de ellos dentro de la misma comuna y uno vecino en La Florida. Eso es muy importante, porque dar solución habitacional en el mismo sector evita el desarraigo de las personas y problemas sociales colaterales que luego son muy difíciles de resolver.

¿Fue un proceso de diseño emblemático, considerando que se trataba de vivienda social?

Sí. El ministro de Vivienda y Urbanismo de entonces, Jaime Ravinet, llamó a concurso a algunos Premios Nacionales de Arquitectura y Víctor Gubbins se adjudicó el proyecto de diseño. Luego, pasó a manos del SERVIU, donde se le realizaron varias modificaciones, algunas desafortunadas. Como que el diseño original del proyecto estaba planteado sólo para uno de los terrenos y lo utilizaron en los seis, algunos con una pendiente que no existía en el terreno primitivo. También se redujeron las especificaciones técnicas, sin prever algunos de los problemas que luego se presentaron.

¿A qué se debieron esos cambios?

Fue en respuesta a un dilema siempre difícil: disminuir costos y apurar al máximo el proceso, todo ello, y allí está el error, saltándose los criterios técnicos. No se analizó con la acuciosidad ne- cesaria el emplazamiento de los conjuntos y sus requerimientos en aspectos tan sensibles como el manejo de las aguas lluvias.

¿Eso explica los problemas?

Solo en parte. Existen causas de fondo relacionadas con la falta de capacidad con que hoy actúan los servicios de Vivienda y Urbanismo, como consecuencia de la disminución de su capacidad operativa. No tienen los equipos profesionales necesarios para evaluar adecuadamente los proyectos antes que se ejecuten. Se pensaba que debía dejarse en manos privadas la ejecución de conjuntos de vivienda social, lo que es errado. Sobre todo mientras existan si- tuaciones de emergencia como los campamentos, donde muchas veces la gente no puede esperar. La experiencia demuestra que es necesario un plan de reforzamiento de dicho servicio, incluso para incorporar algo tan básico como contar con capacidad propia para responder ante emergencias, ambas son materias de ley.

¿Qué otras dificultades existen hoy para realizar proyectos de vivienda social?

Hay una restricción presupuestaria que enmarca todo el proceso, desde la elección del terreno, las características de los futuros usuarios, el diseño de las viviendas, la definición de sus detalles y materiales, que deben tener baja vulnerabilidad ante agentes climáticos de lluvia, viento y frío. Y todo considerando soluciones que no involucren mantenimiento o que sea mínimo. El proyecto de arquitectura también debe considerar el requerimiento de ampliación casi inmediato ya que, dada la estrechez de recursos, las viviendas se entregan con una superficie reducida. En las casas “Chubi”, por ejemplo, se optó por una combinación inadecuada. Se dejaron listos elementos de obra gruesa, pero con cierros provisorios, incapaces de enfrentar las condiciones climáticas. Otro aspecto fundamental es resolver si las viviendas deben ser casas o departamentos. En el primer caso, es posible considerar ampliaciones, sin embargo, construir departamentos es más económico, por razones de economía de escala, al mismo tiempo que permite mayor estandarización de los elementos y menor dependencia de las condiciones del suelo. La fuerza de la necesidad de ampliación, unida a la escasa movilidad de los usuarios, hace que la balanza todavía se incline hacia las casas.

¿Qué planes existen para mejorar esta situación a largo plazo?

El 18 de julio, la Presidenta Bachelet presentó el nuevo Plan de Vivienda Social del gobierno, elaborado por la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete. Estamos satisfechos por la calidad de la propuesta, es un plan coherente y, además, financiado. Asimismo, recoge planteamientos que hemos formulado desde hace mucho tiempo, como mejorar la calidad de los proyectos de arquitectura y una preocupación especial por la inserción urbana de los nuevos conjuntos. Y tiene un cambio importante: cuenta con recursos que permitirán fijar el tamaño mínimo de las viviendas en 40 m2, incorpora el requisito de calidad de los proyectos que pueden ser objeto de subsidio, a través de mecanismos de evaluación previa. Además, considera subsidios especiales para cubrir el costo de los terrenos, permitiendo que los nuevos conjuntos se inserten al interior de la ciudad, y también para el mejoramiento de las vi-viendas existentes y su ampliación, posibilitando igualar el mayor estándar de las nuevas construcciones.

A ello se suma una línea de financiamiento especial para proyectos y obras de mejoramiento del espacio público de los conjuntos existentes, algo clave para romper su aislamiento y generar condiciones de apropiación. De ahí se desprenden nuevos desafíos para los arquitectos y nuestro Colegio, como poner en acción el Servicio de Asistencia Técnica. Por otra parte, en la próxima Bienal de Arquitectura se desarrollarán 3 concursos de vivienda social, de amplia convocatoria, en los cuales esperamos contar con una masiva participación de los arquitectos, proponiendo soluciones que reflejen los principios de esta auspiciosa nueva política.

MARCELA QUIROZ Y PAULINA VILLALOBOS / EQUIPO CA
Foto: Carolina Rosas