Desde hace más de una década, la participación aparece como una voluntad explícita en la mayoría de las políticas públicas en nuestro país y aún ninguno de los actores asociados a ellas puede decir a ciencia cierta a qué se refiere, ni si forma parte de las prácticas concretas, más allá de las intenciones y el discurso que la rodea.

Parece ser uno de los conceptos más escurridizos con que nos toca lidiar. Porque lo que está en juego es una cuestión de poder. De compartirlo, es decir, tomar parte en la decisión sobre el proyecto y su realización.
A la hora de la acción, muchos son los argumentos que se esgrimen para considerar que la participación no es oportuna: la pretendida complejidad técnica de los proyectos, frente a la cual se juzga que el habitante no tiene competencias; el obstáculo que opone a los ritmos y plazos del proyecto y, por lo tanto, a su eficiencia; la impertinencia de las reivindicaciones individuales de los usuarios en relación a la magnitud de los problemas; la discutible representatividad de quienes participan; la poca preparación de los agentes de terreno para implementar procesos participativos.
La manera más fácil de reducir los riesgos suele ser entender la participación como la “validación” de proyectos ya elaborados, abriendo el espacio a la expresión de una opinión no vinculante e intentar generar “consensos” en torno a ellos: el circuito está cerrado antes de comenzar.
Estos argumentos pavimentan el camino hacia un uso vicioso del término “participación” hasta vaciarlo de contenido. Someteremos a debate una serie de modos de hacer que contribuyen a cargar de sentido y contenido el concepto y el acto de participar, poniendo en el centro el postulado de que sin la voluntad de compartir el poder en la toma de decisiones, la participación no pasa de ser una buena intención.

Políticas públicas

En Chile no hay participación efectiva. No al menos como la entendemos quienes aspiramos a construir casas mejores, barrios más integrados y una ciudad más amable. Por una parte, las políticas de vivienda y ciudad intentan incorporar a los beneficiarios y, por otra, los pobladores construyen informalmente su hábitat. Persiste una desconexión entre la política oficial y el potencial creativo presente en las soluciones ejecutadas por los habitantes. No se piensa la construcción de ciudad como una colaboración entre distintos actores, con recursos y aportes diversos y complementarios.
Se suele pensar que las decisiones en vivienda y urbanismo son eminentemente técnicas y, por ende, atributo de especialistas, enmascarando tras ello los intereses y voluntades de los actores involucrados. Las decisiones que rigen a la solución técnica hay que entenderlas como un acto de poder, esencialmente político, donde están en juego la distribución de las desigualdades que introduce toda acción urbana y el reconocimiento de la legitimidad de cada uno de los actores involucrados. La participación es una clave en la organización de los poderes, intereses y competencias presentes en la toma de decisiones, y no hay tal sin la voluntad de compartirlos.

Muchas intervenciones en vivienda y urbanismo basadas en componentes técnicos muy bien fundamentados, evidencian severos vacíos por no integrar las “competencias del habitante”, adquiridas en la experiencia fina del uso cotidiano del espacio. Usualmente, los habitantes están llamados a participar en ciertos tipos de proyecto y en etapas puntuales de estos, la mayoría de las veces como operadores más que como gestores. Para ser efectiva, la participación debiera integrarse en todos los eslabones del ciclo de proyecto: diagnóstico, prospección, criterios y evaluación de diseño y soluciones técnicas, gestión y montaje operacional, realización, manutención, transformación.

Vivienda social, mejoramiento de barrios y ciudad

Los programas más relevantes que hoy están en curso, “Fondo solidario de vivienda”, destinado a la construcción de viviendas nuevas, y “Vivo mi barrio”, destinado a la regeneración de barrios deteriorados, consideran en sus postulados la participación de los habitantes.
Sin embargo, en el primer caso, lejos de ser efectiva en los hechos, la participación se limita a la validación del diseño y, eventualmente, a la ejecución de las obras de ampliación del núcleo básico. En tanto, el programa “Vivo mi Barrio” declara entre sus voluntades principales el propósito de ser participativo, poniendo en el centro la figura del “contrato” como clave de un nuevo modo de organización de la acción público-social y eso constituye un tremendo desafío. Pero los pobladores han preguntado “¿cuándo comienza la participación?”, “¿Nos han preguntado cómo soñamos nuestro barrio y qué hay que hacer desde la experiencia cotidiana?”.

Desconfían de que esta sea una de las tantas intervenciones del Estado, en que los interventores hacen y se van, quedando atrás los pobladores con la sensación de haber perdido el tiempo. Cuestionan la posibilidad de integrarse en todas las fases del proceso y afirman ser capaces de multiplicar los recursos participando en la materialización de las obras (Claudina Núñez, FAU Universidad de Chile, 3 de junio 2006).

Más allá de los programas y proyectos, la participación concierne a las políticas territoriales. Sin abordar un debate participativo sobre las relaciones entre política urbana, barrio, segregación, mercado de suelo especulativo, calidad de vida y un crecimiento de la ciudad que favorezca a los más pobres, se corre el riesgo de estar construyendo -en paralelo a la implementación del programa- los barrios que habrá que mejorar mañana.
En este aspecto, el caso de Colombia es ejemplar. La legislación urbana -concretamente la Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997- tiene como principios la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, y la distribución equitativa de las cargas y beneficios generados por el desarrollo urbano. Y como bases, la función pública del urbanismo y la participación democrática.

El sentido de la participación

Participar implica una negociación de espacios que se van abriendo desde las instituciones hacia los habitantes y espacios que van ganando los habitantes en el ejercicio de sus derechos como tales.
Sin decisión democrática, por ir más rápido se va más lento. La participación incorporada desde la génesis del proyecto hasta su materialización, da legitimidad a la decisión pública y, por ende, en lugar de entorpecer los procesos, los acelera.
Participar es ingresar en un sistema de decisiones que involucra más allá del interés individual, el colectivo y el público, y asumir las renuncias que ello implica. Es salir de una práctica reivindicativa, para tomar parte en los procesos y responsabilizarse por ello.
No es solo tener acceso a la información en el momento oportuno o ser convocado a dar su opinión, incluso no es suficiente compartir la decisión. La participación debiera ir hasta el punto de compartir las competencias, reconociendo en el habitante el conocimiento de sus realidades y su capacidad de darles solución.
El ejercicio de la participación no tiene recetas, sino principios: es una práctica. Un aprendizaje recíproco y la elaboración de un lenguaje compartido. Un ejercicio pedagógico y cultural, donde todos los involucrados son interpelados, y están llamados a ampliar sus horizontes y a crear vínculos sociales.
No es un ejercicio de elaboración de consensos, sino de expresión de las diferencias y de deliberación democrática de ellas en la definición de los datos del proyecto, y en el aprendizaje de una nueva urbanidad.

María José Castillo, Rosanna Forray / arquitectas.