Asumiendo que la participación ciudadana es un componente fundamental en la elaboración de los instrumentos que ordenan y condicionan el uso del territorio, ¿cómo debería ser su marco regulatorio para hacerla realmente efectiva en su rol modelador del desarrollo urbano?
En nuestro ordenamiento actual, lamentablemente, se enfoca como un requisito mínimo, uno más de los que conforman un largo listado de cumplimientos, con el afán de salvar una prueba de suficiencia o “blancura” democrática. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de la Vivienda y CONAMA por incorporar tempranamente la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos, las instancias de participación asociadas al desarrollo de las ciudades y su planificación aparecen solo en los procesos de aprobación de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), tal cual lo consagran la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Bases del Medio Ambiente, dejando todo el período de elaboración (el mayor tiempo y de más importancia) fuera del alcance de la gente.
Asimismo, la implementación de esos procesos “participativos” es deficiente, ya que existe ausencia de educación de los participantes y entrega incompleta de información, producto de que los interlocutores que representan a la comunidad no siempre tienen la preparación y capacidad para profundizar en los temas. El proceso que presenciamos hoy, está lejos de empoderar positivamente a los ciudadanos con nuevos conocimientos que los hagan mejores “dueños” de los destinos urbanos de sus territorios.
Un momento de oportunidad.
Sin embargo, estamos frente a un momento de oportunidad. Definitivamente, han cambiado los tiempos y ya no vivimos en una ciudad donde los residentes son meros espectadores de la transformación urbana. Crecientemente, están más interesados, más activos y más organizados. Eso augura un mejor futuro para nuestras ciudades, donde los procesos de participación no se reduzcan a un blanqueo democrático de las iniciativas, asambleísmos inconducentes o bien, a una serie de alegatos reivindicatorios de patrimonios agredidos, sino a una verdadera y profunda discusión por mejorar nuestra calidad y vida urbana.
Vanas son nuestras reglamentaciones si su orientación no es mejorar los proyectos, perfeccionar los instrumentos de planificación y armonizar intereses. Para perfeccionar la forma en que los ciudadanos se hacen parte en la formulación de los destinos territoriales de sus comunidades, es fundamental comprender que el proceso tiene sus mayores condicionantes en una regulación urbana cada vez más compleja y en que las operaciones inmobiliarias no solo han cambiado de tamaño y escala en los bordes de extensión de la ciudad, también lo han hecho en los proyectos de densificación. Esta tensión es permanente y cada semana somos testigos de nuevos conflictos relacionados con aprobaciones de proyectos “polémicos” o modificaciones de planes reguladores que no interpretan a los vecinos. Nuestra legislación no está bien preparada para incorporar opiniones y menos lo está para resolver conflictos. Un ejemplo relacionado con los procesos de participación, es el caso del proyecto inmobiliario a un costado de Plaza Las Lilas. Parece poco comprensible que, con un Plan Regulador aprobado bajo el esquema vigente de participación ciudadana (LGUC y Ley de Bases del Medio Ambiente), los vecinos “salten” extrañados en contra de normas que ellos no objetaron en su momento.
Cabe preguntarse si no se realizó la participación como estaba contemplada, si no les interesó participar en ese momento o si no entendieron lo que se les presentó. Probablemente, se debe a que el esquema actual de participación ciudadana no permite la adecuada incorporación de las inquietudes y aportes de la ciudadanía, y por reconocer que las personas actúan reaccionando solo frente a una amenaza tangible (el proyecto inmobiliario en este caso) que hacía desaparecer la armonía del barrio, patrimonio intangible de los indignados vecinos. Dejando los casos de lado, parece fundamental ampliar no solo los momentos donde se incorpora a la gente, sino también los frentes donde la participación activa de los ciudadanos puede dar excelentes frutos en pos de mejorar nuestras ciudades. Se trata de la participación ciudadana propiamente tal y el control ciudadano. En la primera, es necesario concentrar nuestros esfuerzos en educar a los interlocutores y respecto del segundo, debemos redefinir responsabilidades y ocupar los espacios de fiscalización que otorga el marco vigente:
Educar para participar
La estructura regulatoria es la que formaliza los espacios para participación. Justamente, ese es un problema, ya que las personas reconocen solo a los espacios legales como instancias de participación y comúnmente muy asociado a una actitud meramente reaccionaria, de bloqueo, destructiva, que en la mayoría de los casos únicamente busca la reivindicación del patrimonio afectado o una compensación que silencie la queja. Los esfuerzos se deben concentrar en avanzar hacia un escenario donde se aumente la información que llega a los ciudadanos para que, conociendo más de su ciudad, de su barrio y las cosas que pasan ahí, se interesen y lo valoren, más allá de sus intereses individuales.
La educación de los ciudadanos en temas de ciudad es urgente y necesaria para una mejor y más profunda participación. Además, se hace necesario distinguir entre participación en la determinación de los “adelantos” (obras de inversión), donde la educación urbana no es un factor tan relevante, de la que se da en los procesos de planificación, en la que primero obligadamente se debe educar. Enseñar, por ejemplo, qué es un coeficiente de constructibilidad, el pareo, la rasante y la densidad. Todo ello, con el fin de evitar las discusiones de oídos sordos, las peleas por intereses particulares y egoístas, empujándolos por vía de la educación y empoderamiento a que salgan de ellos mismos ya que, de lo contrario, el proceso va en detrimento del objetivo central y no en su beneficio.
Agentes de Fiscalización
Al gobierno central y a los gobiernos locales les debiese interesar contar con organizaciones y grupos de interés social que ejerzan desde su condición de cuerpo intermedio, el control del gobierno y de los individuos que actúan sobre la ciudad. Ellos le dan cuerpo y peso a la opinión pública, generando interlocuciones reconocibles, que hoy en general no existen. Ello va en directo beneficio de los procesos de discusión y cambio para nuestras ciudades. La abundancia de estos cuerpos intermedios es del todo beneficiosa, ya que adicionalmente evita que ellos mismos sean cooptados o manipulados por intereses y agendas utilitarias y mañosas.
Aprobaciones especiales de proyectos
La posibilidad de establecer excepciones en el otorgamiento o negación de un permiso de edificación cuando este se relacione con temas tales como la belleza y armonía del paisaje urbano, la imagen de la ciudad y su transformación o invariabilidad, cuestiones que pudiesen relacionarse con el patrimonio construido y natural, y/o que impliquen un situación contraria a la normativa vigente, debiesen ser descentralizados en la medida de lo posible y generar espacios controlados de discrecionalidad entregados a la comunidad, donde un grupo de vecinos y profesionales (Consejo Urbano Local, Comité de Revisión de Diseño o Comisión Local de Planificación), de prestigio y sapiencia, con posibilidad directa de exigirles cuenta de sus actos, puedan ejercer la facultad de autorizar o rechazar excepciones a la norma, ya sea hacia una flexibilización o endurecimiento, a raíz de una petición particular o colectiva, y que este consejo estudia, y resuelve de manera vinculante y obligatoria para autoridades y particulares. Hoy solo contamos con la decisión administrativa, no discriminante, de un funcionario, el Director de Obras. Es importante recalcar que este nuevo espacio de responsabilidad ciudadana, debe ser sintonizado y afinado a la legítima necesidad de una estabilidad jurídica de los permisos de edificación para quienes operan en el mercado inmobiliario. Con un período más amplio y temprano de participación ciudadana dentro del proceso de elaboración de los planes reguladores y otros instrumentos de planificación, y considerando los tres puntos planteados -educación, fiscalización y nuevas responsabilidades ciudadanas- tenemos la posibilidad de contar con mejores ciudadanos, mejores planes y, finalmente, con mejores ciudades. La participación ciudadana no es un fin, es solo un medio. Utilicémosla, entonces, para llegar donde queremos.
Julio Poblete C./ Arquitecto
