La arquitectura es la forma física de una realidad política-económica más amplia. Frente a la realidad chilena, los arquitectos responden mediante una práctica profesional que consigue con el anonimato el alivio de la vergüenza.“…seguiremos caminando por el mundo como la mayoría de los hombres: un poco prósperos, un poco avergonzados…”
No existe arquitectura que pueda desentenderse de un contenido político. Menos cuando se trata de vivienda. Imposible cuando se trata de vivienda social. Cuando nos remitimos a este tipo de arquitectura, queda en evidencia la forma más contundente y clara del vínculo entre la obra de arquitectura y el contexto ético-político en el que se inserta.(1)
“… bien de primera necesidad al que tiene derecho toda familia, planteándose atención preferencial por los más pobres y estimulándose la autoconstrucción”. Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)
“… derecho irrenunciable que el Estado debe proporcionar a su pueblo, no puede ser objeto de lucro, sino de necesidad”. Salvador Allende (1970 – 1973)
“… bien que se adquiere con el esfuerzo de la familia para el ahorro, y con aportes del Estado a través del subsidio”. Pinochet, Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet (1973 – 2007) (2)
La evolución de los modelos político-económicos tiene como consecuencia el cambio de las definiciones del proyecto de arquitectura social; la que impuso el gobierno de Pinochet, y que fue continuada por los gobiernos de la concertación, trae consigo un arquitecto que se esconde en el anonimato.
Al leer entre líneas las definiciones que los gobiernos han hecho de vivienda social [el bien de primera necesidad, el derecho irrenunciable y el bien que se adquiere] se puede entender el desarrollo que ha configurado la realidad actual de las ciudades chilenas. Esta definición institucional tiene tal importancia en la construcción de la ciudad, que tan solo el que Brecht denunciara como el peor analfabeto [el analfabeto político] podría abstraerse del peso que este orden mayor tiene en la vida de la mayoría de los ciudadanos (3). Se puede revisar objetivamente la realidad construida; para esto, la arquitectura debe ser entendida como la cristalización de procesos a escalas múltiples; desde su definición institucional hasta el proyecto que millones habitan.
Una serie de operaciones legales han dado forma a la ciudad como hoy la conocemos, muchas de las cuales fueron implementadas en el gobierno militar y han encontrado continuidad en el actuar de los gobiernos en democracia. “La planificación que guió el quehacer del Gobierno Militar se derivó del documento denominado El Ladrillo”(4) . Un influyente y cohesionado grupo de pensamiento neoliberal redactó este documento, que establecía como prioridad el desarrollo de la economía y asumía posibles falencias, planteando un Estado encargado de tapar los vacíos derivados de una aplicación absoluta de las leyes de mercado. Fue asumido como el principal referente técnico para el resto del período, hasta casi el final del gobierno en 1990. La política de vivienda social es la traducción de este modelo teórico en una manera de operar concreta, un modelo ideológico de gestión en el que se enmarca toda la arquitectura de la vivienda básica construida en las últimas tres décadas.
El Decreto Ley 420 (1979) es un mecanismo de aplicación de este modelo; bajo el principio de que el suelo es un bien de mercado, y que la existencia del límite urbano genera diferencias “ficticias” en sus precios, determinó la liberalización del suelo urbano. Dicha operación se ha formalizado en un acelerado crecimiento por expansión de la ciudad, teniendo su más alto impacto en aquellas obras que buscan los terrenos más baratos y tienden construirse en la periferia: la vivienda social. Con este decreto se derogaron además los capítulos dedicados a la localización de vivienda social y el equipamiento, así como las condiciones restrictivas al crecimiento en extensión. En estas condiciones, la expansión de la ciudad arrastró consigo a la periferia la vivienda social construida desde los años ’80, tendencia que existía históricamente, pero que se agudizó en el marco de un modelo económico que, junto con el suelo urbano, convirtió a la vivienda social en un bien de mercado. Si bien la Concertación ha desarrollado medidas que parecieran intentar restablecer este límite, en definitiva tanto el PRMS de 1994 como su posterior modificación de 1997 apuntan al crecimiento por expansión de la ciudad.
En la práctica esto ha repercutido tanto en la localización urbana de la vivienda social, como en la definición misma de su arquitectura. En la medida que ésta se ha transformado en un bien de mercado más, con la única distinción de que los potenciales consumidores son subsidiados por el Estado, su calidad queda condicionada también por las leyes de mercado, con todos los perjuicios que esto puede traer para quienes tienen menos recursos. En la medida que las variables de mercado se sobreponen a las nociones de derecho irrenunciable o calidad de vida, el desarrollo arquitectónico de la vivienda social se ve condicionado principalmente por nociones económicas, desarrollando durante los años 90 una arquitectura social anónima, lo que ha repercutido a su vez en la calidad de lo vivienda básica. “Es muy difícil saber a estas alturas si detrás de los grandes conjuntos de “vivienda social” están todavía los arquitectos. Esto ha definido una condición de anonimato en la relación obra-creador; al abondonar el campo de lo arquitectónico y sumergirse en una forzada clandestinidad, se pierde la necesaria responsabilidad pública del arquitecto frente a su obra”.(5)
Es este último el mayor y más claro fruto del modelo político-económico en el que vivimos y el rol que han asumido los arquitectos en su operatoria: una práctica profesional que consigue con el anonimato el alivio a la vergüenza; una arquitectura del anonimato; una arquitectura de la vergüenza. ¿Qué calidad puede pedírsele a un proyecto de arquitectura que, hasta antes de la aparición de iniciativas como Elemental, tiene en su autor a un arquitecto avergonzado y anónimo?
Si, como planteamos al principio, a alguien se le puede adjudicar el contenido político de la construcción de la vivienda social ¿quién es el responsable de los guetos construidos prácticamente en todas nuestras ciudades importantes? ¿Quién está tras los proyectos [supuestamente anónimos] definitivamente firmados por un arquitecto, realizados por constructores y financiados por el Estado que llenan páginas académicas de ejemplos para la segregación, la falta de equipamiento y la inviabilidad en el tiempo? ¿Quién está detrás de un proyecto de arquitectura que participa en la construcción de la inequidad urbana?
Augusto Pinochet lideró un régimen autoritario que impuso sus criterios éticos, políticos, económicos y sociales sin contrapeso durante casi dos décadas, que, junto a la posterior acción de los gobiernos concertacionistas, garantizaron que primase hasta hoy el criterio económico, fundamentando que “los problemas de redistribución del ingreso que puedan generarse por las diferencias de productividad y de riqueza de distintos individuos se solucionarán por el estado a través del aparato tributario, educacional, provisional y de subsidios directos” (6). Lo anterior plantea un modelo en cuyas fallas se encuentra el origen de la agudización de la desigualdad, mediante un sistema político que se adapta para el beneficio de quienes propician el desarrollo económico, y pretende solucionarlo a través de mecanismos que no han sido efectivos (7). Una sociedad que en dos décadas se planificó, y durante dos décadas más de gobiernos de la Concertación no se ha querido modificar, manteniendo la desigualdad como su principal consecuencia, tiene forma concreta en una arquitectura que le es propia. Pues bien, tal como afirma el sociólogo François Ascher, las ciudades “cristalizan y reflejan las lógicas de las sociedades que acogen” (8). Bajo nuestra perspectiva, es posible afirmar con absoluta certeza que esta ciudad que heredamos de Augusto Pinochet se ha construido con una arquitectura de la desigualdad.