por Paulina Villalobos, directora Revista CA.
Ilustración: Tomás García-Huidobro
Como país, hemos elegido el modelo de libre mercado, pero como arquitectos, urbanistas, docentes de arquitectura o administradores públicos, a menudo damos muestras de no tener conocimiento ni control de las reglas sobre las cuales se decide la construcción de las ciudades, en el marco de ese modelo en que nos desenvolvemos actualmente.
Al abordar este número, quisimos hacerlo desde diferentes enfoques constructivos respecto al vínculo vital entre la producción arquitectónica y el negocio inmobiliario. Abordar este tema desde el punto de vista del victimizado, o en un afán meramente crítico, pudo ser el camino más fácil, en circunstancias de que los puntos de fricción entre el arrollador desarrollo inmobiliario reciente y la desprotección del patrimonio, de las redes y de la morfología urbana que configuran los barrios han sido temas tocados de manera exclusiva en ediciones anteriores (CA 127: Ciudadanía y CA 130: Patrimonio).
Podríamos, en efecto, presentar aquí cientos de casos donde nuevos proyectos, poco o mal pensados, que parecen estar liquidando –si es que ya no lo hicieron– la gallina de los huevos de oro: vendiendo vida de barrio desarticulando el barrio, vendiendo vista tapando la vista, ofreciendo colectividad atochando conexiones, vendiendo vida de campo densificando el suburbio como una población urbana cualquiera. Pero lo cierto es que detrás de cada decisión hay arquitectos vinculados, directa o indirectamente, a todo el desarrollo inmobiliario, el que está directamente relacionado con la economía nacional y, antes que eso, con nuestro pan de cada día.
Sin embargo, acaso si a contracorriente, optamos por priorizar los puntos de vista constructivos: si la energía inmobiliaria bien canalizada es una herramienta que puede impulsar ciudades como centros internacionales de negocios, cultura o turismo, ¿qué nos hace falta para potenciar al máximo esa energía que no nos ha faltado en los últimos años? El desarrollo inmobiliario puede ir de la mano con la creación o mejoramiento de los espacios púbicos y de la vivienda social, como también puede contribuir eficazmente al repoblamiento y la revitalización de zonas urbanas patrimoniales. Ello, siempre y cuando exista una visión integral de lo que se quiere lograr, es decir, un objetivo final no sólo estadístico, sino que también visual y espacial: un diseño capaz de plasmar una coherencia ética tanto como normativa.
Por eso, al finalizar la elaboración de la presente entrega de revista CA, quedo con la sensación de que el fondo del problema tiene mucho de prejuicio y de miopía. Pensemos en la habitual satanización del proceso inmobiliario en la profesión del arquitecto y el tabú del lucro en la enseñanza de la arquitectura. En la realidad, los arquitectos aprendemos de manera autodidacta y principalmente sobre una lógica de ensayo y error, a gestionar proyectos para ejercer de manera independiente. Sin embargo, el término “inmobiliario” se asocia naturalmente con torpezas e intereses creados, siendo un proceso vital del desarrollo de la arquitectura (toda mayoritariamente inmobiliaria). Entonces, entender la arquitectura como un apostolado es un error que limita, pues pone a quienes la ejercen al margen de la etapa donde se toman las decisiones troncales, limitando el campo de acción de los arquitectos sólo a la distribución funcional o al diseño menor.
Craso error, considerando que disponemos de todas las herramientas para estar presentes de manera responsable en la totalidad del ciclo de la producción arquitectónica, incluyendo la etapa donde se gesta el negocio inmobiliario, potenciando o controlando su desarrollo con un objetivo final, bajo las actuales reglas del juego.
