En este número quisimos presentar, a través de proyectos muy mediáticos, los desafíos de la arquitectura enfrentada a las grandes dimensiones. Pero, a medida que nos involucramos en el tema –y escuchando a los arquitectos participantes–, nos dimos cuenta que existe un vacío en relación a la responsabilidad del cliente, básicamente cuando se trata de obras públicas. Por eso, desviamos el rumbo para presentar los desafíos a los que han sido sometidas las obras recientes de gran envergadura.
Las grandes obras no solo se enfrentan a desafíos tecnológicos, legales, de diseño, coordinación de especialidades y construcción fast-track, sino también a la gestión detrás de las grandes inversiones.
Los megaproyectos nacen de grandes decisiones vinculadas directamente con el poder. Y en este proceso nos dimos cuenta que en nuestro país, el poder económico (privado) y el poder político (público) tienen notables diferencias al relacionarse con el proyecto de arquitectura.
En el ámbito privado, las grandes obras se concentran físicamente, por las obvias razones del mercado, en el sector financiero de la ciudad: la zona ABC1 de Chile. Las obras públicas, en cambio, no son excluyentes del resto de la ciudad y su territorio, pero es común que sufran de la abulia del cliente –en términos arquitectónicos– dejando su mantención y crecimiento bajo las mismas condiciones con las que se manejan las obras de autoconstrucción de pequeña escala.
Hacerse cargo de obras que sobrepasan los 100 mil m2 requiere de un equipo de arquitectos y decenas de especialistas comprometidos con la trascendencia y excelencia de una obra, pero también de un cliente instruido y capaz de sostener en el tiempo dicha inversión, para que se mantenga o crezca en coherencia con el diseño original y, por lo tanto, con su vocación.
En el trabajo desarrollado para esta revista con todos nuestros colaboradores, nos dimos cuenta “en off” de absurdos procesos y decisiones que van en desmedro del destino de muchas obras públicas.
Si somos críticos, el poder político es inculto –en términos arquitectónicos y urbanos– y el poder económico es excluyente, en los mismos términos.
Pero criticar es fácil y el punto de toda crítica tiene valor si se es capaz de aportar, es decir, proponer para cambiar. Sobre todo porque:
En primer lugar, siempre será delicado criticar al poder de manera individual, si sabemos que es necesario vincularnos con políticos influyentes, autoridades públicas relevantes o privados acaudalados, para gestar y participar en proyectos de toda índole, no solo en la gran escala.
En segundo lugar, porque nunca se habían registrado tantas megaconstrucciones en el ámbito público y privado –obras que son “la más alta”, “la más larga”, “la más grande” o “la primera” del continente– y que serán testigos de la arquitectura del momento, y también de la gestión que justificó su nacimiento.
Y en tercer lugar, porque los arquitectos, como gremio, no han sido capaces de transmitir de manera clara y simple, a quienes toman las decisiones, de la importancia de la arquitectura, del diseño de ciudad y de la planificación del territorio. Ese mensaje no sirve exclusivamente para el desarrollo armónico y feliz del entorno construido, sino también por las positivas consecuencias anexas relacionadas con plusvalías urbanas, culturales y su consecuente impacto económico. Hace falta decir en todos los medios qué es lo que se pierde con hacer las cosas mal, con palabras simples de un / una arquitecto, cuya voz debería estar en todos los medios masivos: televisión, radio y prensa escrita, y en cada uno de ellos con su respectiva estrategia mediática.
Paulina Villalobos
Directora Revista ca
p.villalobos@revistaca.cl